1.- SIN SOBERANÍA NO HAY SEGURIDAD ALIMENTARIA
2.- EL ACCESO AL AGUA, UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL
3.- EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN VERSUS EL AGRONEGOCIO
4.- LA EMERGENCIA ALIMENTARIA
5.- TTIP – CETA EL GOLPE DE ESTADO A NUESTROS DERECHOS QUE
SE NEGOCIA EN SECRETO
6.- PROPUESTAS PARA UN MODELO QUE GARANTICE LA TRIPLE SOSTENIBILIDAD:
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE GÉNERO
1.- SIN SOBERANÍA NO HAY SEGURIDAD
ALIMENTARIA
La seguridad
alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de
las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera
que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros
disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad
según las necesidades biológicas.
“La seguridad alimentaria existe cuando
todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social, y
económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus
necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y
activa.
La seguridad alimentaria de un hogar
significa que todos sus miembros tienen acceso en todo momento a suficientes
alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al
menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y
seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una
forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin necesidad de
depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura,
robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento)”. (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA)
DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Mientras que la seguridad alimentaria se refiere a
garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas
agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y
seguridad alimentaria.
De manera resumida, la Soberanía Alimentaria es la respuesta
para construir un nuevo modelo alimentario, que rompa la actual agricultura
industrial globalizada que desde hace ya muchos años ha perdido su propósito
inicial de ser un medio de vida y proveer de alimentos a la población. O, dicho de otro modo, es la posibilidad de decidir qué comemos y qué y cómo producimos.
"La soberanía alimentaria es el derecho
de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen,
distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas
alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas.
Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. La soberanía
alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y
nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la
pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria,
la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental,
social y económica. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales
libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos
raciales, clases sociales y generaciones”. Foro Internacional sobre
Soberanía Alimentaria, celebrado en Sélingué, Mali (2007)
Sin soberanía alimentaria no hay seguridad alimentaria real
porque no se garantiza el acceso suficiente a alimentos seguros, se tiende a
eliminar las diferencias culturales y se
avanza en un peligrosa cultura alimenticia global
2.- EL ACCESO AL AGUA, UN DERECHO
HUMANO UNIVERSAL
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la
transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los
países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
Frente a esta declaración la práctica real es una, cada vez
mayor, concentración del control de la producción, distribución y saneamiento
del agua en manos de grandes corporaciones.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local constituye una agresión a la
capacidad de los entes locales de gestionar los servicios públicos y , entre
ellos, el agua primando criterios económicos sobre calidad y servicio. Los
acuerdos internacionales de libre comercio, como desarrollaremos después pueden
acabar de impedir la capacidad de las
administraciones públicas de atender estos servicios. El acceso
al agua se sustrae como derecho y pasa a convertirse en mercancía. Quedan
excluidas de este derecho comunidades completas y, en tiempos de crisis, entran
en riesgo sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad.
Tenemos que asegurar la gestión pública del agua así como la
gratuidad del mínimo vital para todas
las personas.
3.- EL DERECHO A LA ALIMENTACION
VERSUS EL AGRONEGOCIO
La agricultura de proximidad es central para garantizar la capacidad de
acceder y decidir el consumo alimenticio. Sin ella no hay una producción
realmente ecológica y sostenible (no puede considerarse realmente sostenible el consumo de productos
“ecológicos” que incorporan el consumo de envasados y transportes que
incrementan la dependencia de los carburantes). Para que esta agricultura alcance
sus objetivos se hace imprescindible revisar la cadena alimentaria en su
conjunto, especialmente en cuanto a romper el monopolio de la gran
distribución, que asfixia la producción y mantienen presas a las personas
consumidoras: hay que apostar por circuitos cortos de comercialización
(mercados locales, venta directa, grupos y cooperativas de consumo
agroecológico, etc), evitando intermediarios y estableciendo relaciones
cercanas entre productorxs y consumidorxs, basadas en la confianza y el
conocimiento mutuo, que nos conduzcan a una creciente solidaridad entre el campo
y la ciudad y entre las generaciones.
La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2),
celebrada de forma conjunta entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud
del 19 al 21 de noviembre 2014 en Roma establece:
"Recomendación 8:
Revisar las actuaciones e inversiones nacionales e incorporar objetivos nutricionales en la política
alimentaria y agrícola, así como en la formulación y aplicación de los
programas, a fin de potenciar una agricultura que tenga en cuenta la nutrición,
garantizar la seguridad alimentaria y
posibilitar dietas sanas."
"Recomendación 9:
Reforzar la viabilidad
de la producción y la elaboración de alimentos a escala local, especialmente por parte de los pequeños
agricultores y los agricultores familiares, prestando especial atención al empoderamiento de la mujer y teniendo en cuenta
a la vez que un comercio eficaz y eficiente es fundamental para la consecución
de los objetivos nutricionales."
"Recomendación
10:
Promover una
diversificación de los cultivos que abarque cultivos tradicionales infrautilizados,
una mayor producción de frutas y hortalizas y una producción adecuada de alimentos de origen animal según sea
necesario, aplicando prácticas sostenibles tanto en la producción alimentaria
como en la gestión de los recursos naturales."
SITUACIÓN DEL ACCESO A LA TIERRA Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Según la FAO "Estado de la Agricultura 2014":
- La seguridad alimentaria y la sostenibilidad del
medio ambiente a nivel mundial dependen de más de 500 millones de explotaciones
familiares que forman la espina dorsal de la agricultura en la mayor parte de
los países, ya que constituyen más del 98% de las explotaciones agrícolas y son
responsables de al menos el 56% de la producción con el 56% de la tierra
cultivada.
-
A nivel mundial, las explotaciones de menos de
una hectárea representan el 72 % del total, pero controlan solo el 8 % de las
tierras agrícolas. Por el contrario, solo un 1 % de las explotaciones en el
mundo tiene una superficie de más de 50 hectáreas, pero estas pocas
explotaciones controlan el 65 % de las tierras agrícolas del mundo.
Avanzamos hacia una dieta globalizada. Según estudios
recientes del Centro Internacional para la Agricultura Tropical de Cali,
Colombia, en los últimos 50 años ha
aumentado la similitud de la dieta de distintos países y culturas, con un
promedio de un 36%.
El creciente proceso de acaparamientos de las tierras y los
latifundios, cuyos rendimientos es incierto sean mayores que la pequeña
propiedad, acrecienta el monocultivo y esta dieta globalizada.
Dependemos de apenas más de 100 especies, de ellas, sólo entre arroz, trigo y maíz se alcanza más
del 60% de la producción mundial.
Pero no sólo en términos de productividad y en consumo de recursos no renovables es que
las fincas menores sean mejores que las grandes fincas: también cumplen un
papel fundamental en la recuperación y conservación de la biodiversidad
cultivada, mantenimiento del paisaje, impacto positivo y real en las economías
locales y la fijación de población al territorio y su contribución a la lucha
contra el cambio climático.
MUJERES Y PROPIEDAD DE LA TIERRA
A nivel global las mujeres mantiene, de forma invisible y
falta de regularización las más de la veces) gran parte del trabajo agrario. En
los países en desarrollo mantienen la mayoría del mismo
En el caso de España la situación no es mucho mejor. La
aprobación en 2011 de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias puede quedar como en papel mojado sin un impacto real sobre la
situación de invisibilidad de las mujeres rurales. Según datos del Ministerio de Agricultura se
calcula que un 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo, la mayoría en
calidad de cónyuges o hijas, consideradas formalmente, y en las estadísticas,
como “ayuda familiar” y, por tanto, sin derechos ya que no cotizan a la
seguridad social, no tienen acceso a una indemnización por paro, accidente,
maternidad o a una pensión digna.
El 76% de las fincas tienen como titular de la explotación a
un hombre, frente al 24% que se encuentran en manos de mujeres, según el Censo
Agrario del 2009.
Según el libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo
Rural: el 61% de las mujeres titulares
lo son de parcelas marginales y de difícil viabilidad económica, que para
sobrevivir necesitan de otro empleo y que tienen mayor riesgo de desaparecer.
Solo unas cien agricultoras, de las 200 mil que no son
titulares, han solicitado la cotitularidad debido a la falta de impulso a la
ley y a la cantidad de trabas burocráticas con que se encuentran aquellas
personas que deciden dar el paso, lo que lleva en muchos casos a desistir de la
medida. Por poner un ejemplo, en 2013
ninguna mujer andaluza se había inscrito en el Registro de Titularidad
Compartida (no se han `puesto en marcha
los incentivos previstos con lo que supone un gasto no asumible en tiempos de
crisis).
Queda claro que no vamos a solucionar esta situación si no
adoptamos un ecofeminsmo crítico que
visibilice a las mujeres y a la naturaleza
4.- LA EMERGENCIA ALIMENTARIA EN
ESPAÑA
Antes de la crisis, la emergencia alimentaria, la necesidad
de proveer a personas y familias de
alimentos mediante el reparto, subvenciones o comedores no era un problema
social y se circunscribía a pequeños sectores sociales desincluidos y casos
individuales porcentualmente irrelevantes. La crisis ha puesto en riesgo de, y
en, exclusión social a sectores cada vez más amplio e, incluso, ha puesto en
riesgo en materia de seguridad alimentaria a muchas personas que están fuera de
los parámetros de exclusión, han aparecido (para hacernos más norteamericanos))
los pobres que trabajan.
La atención a esta nueva situación se ha hecho siguiendo el
modelo anterior a la crisis que no estaba preparado para atender las nuevas
necesidades. Asimismo los recortes públicos han hecho disminuir o no aumentar
debidamente los recursos destinados a inclusión y servicios sociales.
Una parte, cada vez más creciente, de la asistencia de esta
emergencia alimentaria se cubre desde iniciativas privadas, donde la caridad y
no la justicia es el valor dominante.
La base inicial de provisión alimentaria se basa en la
entrega a estas organizaciones por parte de la administración de subvenciones
y de los fondos de garantía agrícola
europeos y nacionales. Recursos públicos
(insuficientes, que deben ser complementados ante la mayor demanda) entregados
a una gestión privada y no coordinada que no asegura criterios de calidad,
igualdad y universalidad.
La insuficiencia de recursos ante la demanda hace impensable
para estas organizaciones la adquisición de productos procedentes de
agricultura de cercanía (solo donaciones), producción ecológica y comercio
justo. Debemos de reseñar como ejemplar
las medidas que va a desarrollar el Ayuntamiento de Córdoba para la compra
pública de agricultura de cercanía y comercio justo.
Las medidas, escasamente dotadas, de la Junta de Andalucía
durante el bipartito de avanzar hacia un red público privada de seguridad
alimentaria y la promoción de iniciativas autoogestionadas de economatos y
comedores han sido abandonas.
Es importante en en
la organización de la emergencias alimentaria que la misma se entienda como
provisional y esté acompañadas de medidas de inserción y empoderamiento de los
usuarios, lo cual exige la autoorganización de los mismos.
5.- TTIP – CETA EL GOLPE DE ESTADO A NUESTROS
DERECHOS QUE SE NEGOCIA EN SECRETO
El TTIP es el acuerdo de libre comercio USA-UE que se está
negociando en secreto y con impresentables restricciones al acceso a los
acuerdos en el proceso incluso para los representantes públicos, incluidos los
europarlamentarios. El CETA es el acuerdo de libre comercio Canadá-UE,
pendiente de aprobación por los países miembros que nos adelanta laos riesgos
del futuro TTIP.
Para comenzar, el libre comercio no existe, en el mejor de
los casos depende de desiguales capacidades de presiones gubernamentales, económica, de la desigualdad de condiciones laborales, entre
otras. Y si existiese seguiría siendo enemigo, por ende, de los derechos al
agua y la alimentación e incompatible con la capacidad de decisión de consumidores
y comunidades.
LA AGRICULTURA USA ANTE EL TTIP
A pesar de la reducción de explotaciones y superficie
agrarias, así como de trabajadores y contribución al POB (por debajo del 2%
ambos), la agricultura sigue teniendo un peso importante político y social en ya
que la población rural constituye algo más del 18%.
El carácter neto exportado de la producción agraria y la
creciente desprotección y apoyo a la capitalización de las garantías de la
Administración Obama convierte a este sector en partidario y presionante en la consecución del acuerdo de libre
comercio.
SITUACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EUROPEO Y LA PAC
El peso del sector agrícola europeo (con 12 millones de
agricultores) es relativamente mayor que el estadounidense. Lo es también el
peso relativo de la pequeña y la mediana propiedad. Esto crea una evidente
desigualdad en cualquier acuerdo de libre comercio. Especialmente grave es la
incorporación de tribunales de arbitraje
internacional que permitirán a las corporaciones demandar a los estados y obligarles
a modificar legislación que, entiendan, dificulta el libre comercio.
Sustracción de soberanía y de democracia y primacía del beneficio económico
sobre los derechos humanos.
La PAC ha ido disminuyendo su apoyo a la Agricultura y
pasando de basarse en la producción (garantizando el aprovisionamiento como era
su inicial cometido) a la propiedad.
LA AGRICULTURA DE PROXIMIDAD Y FAMILIAR, PRINCIPAL AFECTADA
Más que los aranceles, que ya se han ido disminuyendo, el objetivo de este tratado es abordar y
desrregular las medidas no arancelarias: normativas y/o políticas de los países
implicados que ordenan la producción,
distribución y consumo de los alimentos para que dejen de ser un impedimento a las grandes
corporaciones.
Como ya se ha visto para otros muchos sectores, la solución
para este contratiempo la encontraron en dos elementos clave: la armonización
reguladora (armonizar, previsiblemente a la baja, las normativas de ambos
bloques) y el Consejo de Cooperación Reguladora.
En el CETA, y previsiblemente en el TTIP, queda prohibido
expresamente incluir criterios locales para la compra y licitación pública.
También están en la cuerda floja dentro de las negociaciones de los tratados de
libre comercio las subvenciones públicas a proyectos socialmente justos y
ambientalmente sostenibles.
Entre los temas que sufrirán previsibles Impactos
negativos por el TTIP podemos señalar, sin temor a
equivocarnos:
1.
la irradiación alimentaria.
2.
utilización de pesticidas.
3.
transgénicos y patentes y sus acompañantes los
agrotóxicos
4.
riesgos en las economías locales
5.
impacto en legislación laboral
6.
impacto en el sector vacuno y lácteo
7.
fomento de alimentos altamente procesados y
pérdida de identidad cultural alimentaria
8.
impactos en el derecho a la alimentación
9.
impacto de género en mundo rural.
6.- PROPUESTAS PARA UN MODELO QUE GARANTICE LA TRIPLE SOSTENIBILIDAD:
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE GÉNERO
a) Debemos adoptar un Nuevo
Modelo Productivo basado en el desarrollo ética y ecológicamente sostenible
y democracia económica (tesis 14 y 15 Manifiesto Programa del Partido Comunista
de Andalucía adoptado el 23 de febrero de 2014).
b) El trabajo
garantizado, la renta básica o rentas mínimas de inserción y el derecho a un mínimo vital de agua reducirían
los riesgos individuales en materia de
seguridad alimentaria a porcentajes no significativos, pasando de ser un
problema social a individual.
c)) No va a ser posible avanzar hacia la soberanía y la
seguridad alimentaria sin avanzar en una
democracia económica, es decir
en la democratización dentro de las empresas, en la planificación democrática
de la economía y con soberanía de los pueblos.
El mercado libre no es democracia ni libertad, sino la
antítesis de ambas. Debemos cambiar los parámetros con los que miramos el
desarrollo. La lógica del beneficio finalmente se simplifica (tanto en los
estados como en las empresas) a la lógica de la mayor producción y el Producto
Interior Bruto (PIB) pasa a ser la medida de todas las cosas. Debemos pasar del
PIB al BEN(Bienestar Económico Neto), un BEN definido sobre variables
ecológicas, de DDHH y de género.
d) Diseñar y apostar por
políticas y ayudas públicas que se dirijan a fortalecer y consolidar la agricultura familiar y campesina.
e) Acceso de a
sistemas de mercados locales, a la tierra y los recursos naturales, a la
financiación y a la formación y
tecnología adecuada. Todo ello, obviamente, con una especial atención a la
realidad de la mujer rural,
f) Reconocimiento a la organización campesina autónoma y
autogestionada como sujeto colectivo de la nueva revolución tecnológica,
especialmente de mujeres.
g) Compras públicas que garanticen que los beneficios
redunden cerrando ciclos económicos en el territorio.
h) Desarrollo de sistemas de producción agrícola
sustentables y diversificados.
i) Garantizar desde la administración pública la atención a
la emergencia alimentaria. El reparto de alimentos y comedores sociales debe soportarse
con compras a la agricultura de proximidad, ecológicas y de comercio justo.
j) NO AL TTIP y al CETA
José Manuel Luque Gálvez
|
Eva García Sempere
|
Consultor y Director de Proyectos de Cooperación Internacional,
Desarrollo Local y Democracia Participativa
|
Bióloga, diputada comunista de Unidas Podemos por Málaga
|
Director Escuela de Cuadros del PCAndalucia
|
Responsable Mundo Rural PCE
|
ALGUNAS REFERENCIAS:
"Estado de la agricultura 2014"
http://www.fao.org/3/a-i4036s.pdf
"Mujeres y tenencia de tierra"
http://www.fao.org/focus/s/women/tenure-s.htm
"Marco de acción DE LOS COMPROMISOS A LA PRÁCTICA
"Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), celebrada de forma
conjunta entre la FAO y la OMS del 19 al 21 de noviembre en Roma
http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf
“Manifiesto programa del PCA. Hacia un nuevo modelo
productivo: el desarrollo ética y ecológicamente sostenible y la democracia
participativa en Andalucía.
“SOBERANÍA ALIMENTARIA,
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y
PROPIEDAD DE LA TIERRA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” Eva García Sempere